En respuesta a las recientes protestas que se generaron a nivel nacional, el diputado por Tucumán, Mariano Campero, aseguró que no es verdad que el gobierno de Javier Milei quiera cerrar las universidades públicas. "Este debate es una oportunidad para que Nación demuestre su compromiso con la educación pública", afirmó.
Campero fue consultado sobre las repercusiones del veto presidencial a la ley de financiamiento de las universidades y las declaraciones que señalaban un supuesto intento de cerrar las instituciones públicas de educación superior. "Es totalmente falso", enfatizó el legislador, quien destacó que la discusión inicial "malinterpretó el veto" como un ataque a la universidad pública, cuando en realidad se trata de una oportunidad para reformar y mejorar el sistema educativo.
Campero resaltó que el principal desafío está en abordar la situación salarial de los docentes y mejorar el funcionamiento de las universidades. "La educación pública es clave, especialmente en el norte argentino. Nuestra universidad genera oportunidades para toda la región, y es fundamental que el gobierno invierta en ella", sostuvo.
Además, subrayó que, en el presupuesto presentado por el gobierno, se contempla un aumento del 12,5% en la inversión para las universidades y la creación de cinco nuevas casas de estudio. "Los rectores han reconocido un aumento en los gastos de funcionamiento por encima de la inflación, lo que demuestra la voluntad del gobierno de invertir en la educación pública", añadió.
Campero insistió en que el veto presidencial no debe verse como un retroceso, sino como una ocasión para plantear una reforma profunda que contemple el salario docente y la inversión en infraestructura. "Como egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, entiendo la importancia de una educación pública de calidad. Hoy, el gobierno tiene la oportunidad de mostrar que tiene vocación por mejorarla", dijo.
Asimismo, mencionó que el debate ha sacado a la luz la crisis salarial que enfrentan los docentes universitarios, una realidad que, según Campero, lleva décadas sin resolverse. "Lo que cobran los docentes es un desastre. El veto no es contra las universidades, sino contra aquellos que usan la bandera de la educación pública con el objetivo de desestabilizar el plan económico", concluyó.
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