"En Tucumán no sólo se viaja mal por la falta de frecuencia de los colectivos o por las unidades en mal estado. Los tucumanos también viajan mal porque tienen miedo, porque sufren robos y asaltos. Por eso, planteamos la necesidad de que se realicen rondas permanentes de la Patrulla de Protección Ciudadana para prevenir y disuadir a los delincuentes. Con estos patrullajes, buscamos proteger tanto a los pasajeros como a los choferes. Mejorar el servicio también implica garantizar que sea seguro", señalaron los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos al presentar un proyecto de ordenanza para brindar seguridad en el transporte público.
El proyecto busca que las rondas comiencen una hora antes del primer servicio de colectivos y que duren hasta una hora después del último. Los ediles explicaron que los patrullajes consistirán en que un efectivo ascienda a una unidad determinada, permanezca en ella un determinado tramo del recorrido y luego deba descender, permanecer un tiempo en la parada de colectivos junto a los usuarios que esperan y luego vuelva a ascender a otra unidad. "De esta manera se busca cuidar no sólo a los pasajeros sino también a los choferes, que en no pocas ocasiones sufren robos violentísimos".
En ese sentido, los ediles señalaron haber recibido no pocas denuncias de pasajeros que señalan que algunas líneas no completan los recorridos, ya que evitan ingresar en las zonas donde sufrieron hechos de inseguridad. "No podemos aceptar que los tucumanos sigan quedando varados en sus barrios, esperando colectivos que nunca llegan, en paradas abandonadas, expuestos a los asaltos. Discutir las condiciones en las que viajan los tucumanos implica también poner sobre la mesa el tema de la seguridad. Que esta sea una potestad de la provincia no quiere decir que debamos mirar al costado", advirtieron.
Por último, Canelada y Cobos explicaron que su intención es que se discuta no sólo este proyecto, sino también el que presentaron para crear un centro de atención al usuario, donde se pueda denunciar cualquier tipo de irregularidad en el transporte público, desde paradas mal señalizadas hasta malas condiciones en los ómnibus, y que puedan hacerlo mediante un libro de quejas en las unidades, teléfono fijo o celular e incluso de manera presencial. Este proyecto también busca que, si las empresas no responden a la denuncia, reciban el doble de la multa prevista. Además, que este tipo de respuestas se tenga en cuenta a la hora de renovar las concesiones.
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