La gravedad de la situación llevó al gobernador, Osvaldo Jaldo, a declarar la emergencia hídrica y social en la provincia. Este estado de excepción regirá durante 120 días, según el decreto 402 publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial.
En diciembre, la Legislatura había prorrogado una serie de leyes de emergencia, entre las que se encontraba la vinculada al manejo del agua. Así, el titular del Poder Ejecutivo promulgó las leyes N° 7875 y N° 9646 hasta el 31 de diciembre. Se argumentó que la provincia atraviesa una situación crítica, producto de la sequía en el norte y del exceso de lluvias en el sur.
“A partir del primer fenómeno la provisión de agua potable, para riego y para la industria, se ve afectada por la disminución del volumen de las reservas fluviales de la provincia, principalmente en el dique Celestino Gelsi. Esto genera consecuencias gravosas, sobre todo en el norte de la provincia, tanto en la salud de las personas y animales, al afectar directamente la provisión de agua potable, como al desarrollo de los sectores agropecuario e industrial de la zona”, justificó Jaldo. Respecto del sur tucumano, advirtió que el exceso de precipitaciones ocasiona graves daños materiales “tanto para las familias como para la infraestructura edilicia y vial”.
Así, el instrumento permite al Gobierno establecer parámetros especiales para la distribución, regulación y conservación “adecuada de sus reservas hídricas, garantizando la seguridad y el suministro”.
Pese a que la emergencia fue aprobada hasta fin de año, Jaldo determinó una reglamentación por 120 días, “a fin de dotar a la Provincia de las herramientas que le permitan concentrar sus esfuerzos en la Gestión Hídrica”.
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