Por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, la Provincia de Tucumán les inició sumarios administrativos a empleados públicos que cobraban el plan Potenciar Trabajo de forma indebida por presuntas incompatibilidades, luego de que el gobierno nacional dio de baja 27.000 planes sociales en todo el país.
Los sumarios a los beneficiarios se desprenden de la información que brindó el propio Gobierno de Tucumán al fiscal Guillermo Marijuan, quien detectó irregularidades en 956 agentes en el marco de la investigación preliminar. Esta situación derivó en que se suspendiera el cobro del plan de los involucrados hasta tanto se estableciera la eventual incompatibilidad.
Del total de empleados en los que se detectó la irregularidad, 230 pertenecían a la UNREL (Unidad de Reconversión Laboral) quienes ya habían sido dados de baja. Los restantes agentes fueron intimados para que respondan sobre su situación.
A partir de allí, y desde la semana pasada, la Provincia avanza con la sustanciación de los sumarios mediante las medidas administrativas que el caso requiera, a fin de aplicar las sanciones que correspondan, para llegar hasta las últimas consecuencias.
Desde Casa de Gobierno se alertó que esto podría incluir la eventual cesantía de los trabajadores implicados. Por esto, el Gobernador ordenó que se intensifiquen las tareas administrativas para determinar la responsabilidad de cada empleado público notificado en la causa.
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