La mayoría de los representantes de las cámaras empresarias y de productores de las economías regionales rechazó la implementación de aranceles de exportación, en general de un 15%, establecido en la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei.
Este miércoles, el presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), Pablo Padilla, se sumó a esa posición al expresar la preocupación del sector ante la implementación del derecho de exportación a las economías regionales, básicamente, a la fruta fresca y subproductos industriales de la actividad.
El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pretende a través de la "Ley Bases" establecer una retención de 8% al aceite esencial de limón, lo que “quitará competitividad” y sacará a las empresas de los mercados internacionales. “Atenta y hasta hace inviable en algunos casos el cultivo de limón y su explotación comercial. Por eso, exponemos nuestra oposición a cualquiera de las posiciones arancelarias”, señaló el titular de Acnoa.
“Es una de las pocas economías regionales de Argentina que es líder a nivel mundial. Representamos el 70% de los derivados industriales del limón en el mundo. Hoy, el sector está en crisis y ella está dada por el crecimiento de la competencia internacional, por mejores condiciones de competitividad que se están dando en otros países”, expresó.
Padilla advirtió que ese escenario “está llevando al abandono de plantaciones” en la región. El empresario confirmó una pérdida de hectáreas o el traspaso a otros cultivos de unas 6.500 hectáreas, según informes de relevamientos satelitales de la Estación Experimental Obispo Colombres (Eeaoc) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Ahora, estamos viendo que entre 12.000 y 13.000 hectáreas van rumbo a desaparecer o están siendo mal atendidas debido a la crisis”, alertó.
El titular de la cámara citrícola señaló que una caída productiva tendrá un impacto directo en el conjunto laboral. “Estimamos que con las 6.500 hectáreas ya perdidas hay una caída de 400.000 jornales. No solo afectará en los puestos de trabajo, sino también al ingreso de divisas a Tucumán y todo el NOA”, expresó.
Padilla hizo hincapié, entre las causas externas de la difícil situación, en la sobreoferta por el crecimiento de las plantaciones de limones en el mundo y la competencia agresiva de países productores, que además tienen preferencias arancelarias en los mercados de destino. “En la Unión Europea (UE) nos toca afrontar aranceles de 6,5% para el ingreso de nuestras frutas frescas o del 14% para jugos, cuando tenemos competidores como España y Sudáfrica que no tienen ningún tipo de tasa y compiten en mejores condiciones”, acotó.
En momentos en que el Gobierno nacional defiende el libre mercado y comercio, el directivo insistió ante los diputados que el sector citrícola se ha topado con mercados externos proteccionistas. “En Estados Unidos (EEUU) estamos obligados a medidas antidumping con un precio de referencia. No podemos ingresar con nuestros jugos por debajo de U$S 2.600, cuando el precio de otros países es menor de U$S 1.900”, enfatizó.
El presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo, había reclamado el lunes la eliminación de artículo 59 de la ley ómnibus, que deroga la Ley 25.715 de aranceles móviles para el azúcar y pondría en riesgo a la agroindustria madre del NOA si avanzara.
“Es un grave error. La norma (actual) no significa una protección del azúcar, sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 2% y no tenemos ninguna incidencia”, afirmó.
“El mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo de los países, que perjudican a los productores no subsidiados, como los argentinos, que es precisamente lo que neutraliza la ley 25.715”, señaló.
A la vez, las cámaras de bioetanol, entre ellas, la de industriales azucareros, presentaron cambios al proyecto del gobierno de Javier Milei con el fin de asegurar una participación equilibrada de los distintos sectores en el régimen de biocombustibles.
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