El Concejo Deliberante de la Capital aprobó una resolución mediante la cual exhortó al intendente Germán Alfaro (PJS-JxC) a rescindir de manera urgente el contrato con la empresa Tecno Agro Vial, concesionaria del estacionamiento medido. El Frente de Todos, con el apoyo de Fuerza Republicana, impusieron la iniciativa apoyados en una docena de incumplimientos de parte de la firma, según dijeron.
El edil David Mizrahi (FdT) consumió unos 30 minutos de las tres horas que demandó el tratamiento del tema para repasar los incumplimientos que -según sostuvo- cometió la empresa, y habilitan al Municipio a rescindir el contrato. Repasó la situación legal de la firma e insistió -con documentos- que se encontraba inhibida y en concurso preventivo cuando ganó el pliego. También argumentó que hay incumplimientos con el servicio, el tipo de pintura que se usó para la demarcación y la disposición de puntos de pago presenciales. “El intendente tiene la responsabilidad de pedir la rescisión del contrato; la nulidad corresponde de forma absoluta”, dijo.
El peronista Gonzalo Carrillo especuló con supuestas cifras millonarias de recaudación que tendría la empresa (por contrato se lleva el 85%), algo que fue objetado por el oficialismo municipal. Ernesto Nagle (presidente del bloque) reconoció que él era concejal cuando se votó la ordenanza en 2015 y advirtió -tras chicanas de JxC- que el FdT no puede derogar la ordenanza 4.758 con otra porque existe un contrato vigente. En tanto que Emiliano Vargas Aignasse recordó que, al margen de la exhortación del Concejo, el tema está judicializado. “Si la Justicia determina que el contrato es nulo, ¿qué responsabilidad le cabe al fiscal municipal? ¿Y al intendente?”, planteó, en alusión al dictamen en el que el fiscal Hernán Colombres afirmó que “no existen motivos para fundamentar la nulidad” del contrato.
Por el lado del alfarismo, en tanto, embistió contra los ediles peronistas y el oficialismo de la Provincia. Los acusó de haber entrado en “modo campaña”, e hicieron alusión a la sentencia judicial que da vía libre para que las elecciones de 2023 sean en junio. A su vez, acusaron al bloque peronista de montar un circo con el debate en el recinto, recordaron que el peronismo respaldó la ordenanza en 2015 y reprocharon -en más de una oportunidad- por no haber presentado un proyecto de ordenanza para derogar la que autoriza el estacionamiento medido.
El presidente del bloque de JxC, Agustín Romano Norri, especuló que, en el pasado, el peronismo intentó hacer “un traje a medida” en 2015, por los requisitos del pliego. A su vez, pidió al oficialismo provincial que se haga cargo si es que cae el contrato por un fallo judicial y vuelve la problemática de los trapitos.
El edil Rodolfo “Jhonny” Ávila defendió el sistema. Dijo que el tránsito se ordenó y agilizó. A su vez, pidió no olvidar la problemática que hubo con “trapitos” en el pasado, que terminó con una muerte. En tanto los ediles José “Lucho” Argañaraz y Cristian Petersen reprocharon que el peronismo haya hecho dos proyectos de resolución en rechazo. El radical se mofó de que uno de ellos instaba a la Municipalidad a derogar la ordenanza, facultad que sólo tiene el Concejo. (La Gaceta)
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